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VIVÍAN EN GALPONES Y SUS MANOS TENÍAN LASTIMADURAS POR LOS AGROTÓXICOS
En un quinta de Berazategui rescataron a nenes bolivianos sometidos a explotación laboral
La curiosidad de una maestra por las manos quemadas de una alumna reveló una trama oculta de trata de personas en una quinta del Parque Pereyra, en Berazategui, provincia de Buenos Aires.
Tras las sospechas, la docente hizo la denuncia en la fiscalía y fue así como empezó la investigación por parte de todas las comisarías de esa localidad bonaerense. De acuerdo a fuentes policiales, familias enteras trabajaban en el lugar varias de ellas oriundas de Bolivia. «Vivían en chozas y galpones, sin los mínimos servicios y con 12 o 14 horas de trabajo, incluso los menores».
«En la quinta allanada usaban agroquímicos tóxicos que serían los causantes de esas lastimaduras en la piel, como la que tenía la nena descubierta por la maestra, que son altamente nocivos para cualquier persona e incluso puede provocar hasta cáncer», explicó un investigador.
Las autoridades precisaron que de las 40 personas que se encontraban en la quinta, 18 de ellos son menores. En los operativos detuvieron a los tres dueños de la quinta, todos argentinos e integrantes de una misma familia, que eran los encargados de la producción de los terrenos y de la explotación de los trabajadores.
«Vivían hacinados y en condiciones infrahumanas. No tenían agua caliente y se alimentaban mal. Muchas veces los dueños del campo les mentían a los padres de los nenes que se enfermaban, les decían que eran llevados al hospital, pero en realidad los curaban ellos mismos de manera muy informal», relató otro de los jefes que intervino en el operativo.
El rescate de las familias provocó un efecto dominó que llegó a ampliar la investigación a Bolivia. Los investigadores descubrieron que en el país vecino había una red para captar a personas que no tenían trabajo y, mediante falsas promesas, les ofrecían venir a la Argentina.
En los allanamientos la policía secuestró, entre otros elementos, todo tipo de bidones, envases de fertilizantes y líquidos para fumigaciones, además de polvos con distintos grados de toxicidad. También se llevaron armas de fuego, municiones, (que generalmente se usa para seguridad personal en las quintas ya que la policía no brinda protección) y dinero en efectivo.
Hasta hoy el gobierno de la provincia de Buenos Aires a través de María Eugenia Vidal, no ah podido reducir los índices de pobreza y maltrato infantil en varios sectores del conurbano.
AGROTÓXICOS
El tema de los agrotóxicos y el daño a los niños no es cuestión de ahora el pasado 22 de marzo de este año, el periodista argentino Darío Aranda publicó:
Niños cordobeses expuestos a fumigaciones con agrotóxicos tienen daño genético tres veces mayor a la media, lo que conlleva a mayores probabilidades de contraer cáncer. Así lo confirmó un estudio que fue sumado como prueba a la causa judicial para frenar fumigaciones en la comuna de Dique Chico. El jefe comunal había limitado el uso de agroquímicos, pero los empresarios del agro tuvieron luz verde de los jueces Humberto Sánchez Gavier y María Inés del Carmen Ortiz, quienes permitieron pulverizar durante el verano. Ahora deben decidir el fondo: qué derecho está primero, a la salud o a fumigar con agrotóxicos.
Medir el daño genético es una forma científica utilizada a nivel internacional para evaluar la salud. A mayor daño genético, más posibilidades de contraer cáncer, enfermedades cardiovascuales, sufrir malformaciones y abortos espontáneos.
Dique Chico es una comuna de 200 habitantes, a 50 kilómetros de la capital cordobesa. A pedido de los padres, que exigen desde hace años que dejen de fumigarlos, el Laboratorio Servicios y Diagnóstico en Salud y Ambiente de Río Cuarto tomó muestras de seis niños de entre 7 y 11 años. Confirmó que todos tienen elevado daño en sus genes, hasta tres veces por encima de los niños no expuestos a agrotóxicos.
El estudio se basa en una técnica llamado “ensayo de micronúcleos (MN)” en la mucosa bucal. Realizado por la doctora en ciencias biológicas Delia Aiassa, determinó que “el 100 por ciento de los niños que participaron en el estudio tuvieron un número de células con micronúcleos (MN) mayor al valor considerado como basal para una población referente”.
El estudio está enmarcado en la lucha de la población de Dique Chico, organizados en Vecinos Autoconvocados, que desde hace años piden retirar las fumigaciones de las casas y escuela, alejar los silos y prohibir el tránsito de “mosquitos” (tractores con brazos de aspersiones). El jefe comunal, Nilo Pérez, emitió en noviembre de 2017 la resolución 242 para priorizar la salud y prohibió las fumigaciones aéreas con agrotóxicos a 2000 metros del ejido urbano (y 1000 metros sin son terrestres).
Los empresarios del agro realizaron movilizaciones y hasta se encadenaron en el pueblo para que les permitan seguir con las fumigaciones. Presentaron un amparo contra la Comuna porque sienten que se vulnera su derecho de propiedad privado, de libre comercio y producir. El Ministerio de Agricultura de Córdoba (a cargo de Sergio Busso) se mostró a favor de seguir fumigando.
Los jueces Humberto Sánchez Gavier y María Inés del Carmen Ortiz (Cámara Contencioso Administrativo Nominación Segunda) emitieron una medida cautelar para suspender la resolución comunal por treinta días y permitir fumigaciones. Pero no se expidieron sobre el fondo, si la decisión de la Comuna es constitucional y qué derecho se debe priorizar: a la salud y el ambiente, o a fumigar. Un antecedente es que los jueces permitieron en la causa (bajo la figura de “terceros interesados”) que participe el Ministerio de Agricultura, que impulsa el uso de agrotóxico. Pero los mismos jueces negaron la participación del Defensor de los Derechos del Niño.
FUENTES: TN – PÁGINA 12
