El caso de Jhonny Wilson Quiroz, un ciudadano boliviano con más de 20 años de residencia en Argentina, que fue expulsado viernes 5 de abril por el gobierno argentino, causó preocupación en las organizaciones, ciudadanos bolivianos y otros países. En este artículo emitimos datos sobresalientes de la coyuntura migrante y transcribimos fragmentos del artículo que público el díario Clarín el día domingo 14 de abril.
Su caso preocupa a toda la comunidad migrante ya que Jhonny, no estaba cometiendo ningún robo, ni vendiendo droga, sino que tenía un antecedente del año 2016 cuando su ex mujer (madre de su hijo argentino) lo denunció en su momento por violencia de género. Ese fue el motivo por el cual el Juez Kirszenbaum, y las autoridades de migraciones determinen su expulsión del país.
Este fin de semana el diario Clarín Publicó un artículo en el cual titula que «por delitos a un extranjero cada 13 horas y analizan otros 1.800 casos». Este dato es preocupante ya que el Gobierno argentino simplificó el trámite de expulsión. El gobierno además de expulsar a condenados, imputados en causas penales también estaría expulsando a trabajadores por sólo infrigir la Ley de Migraciones, es decir que las autoridades están expulsando a ciudadanos por no tener su documentación en regla. Por este último existen críticas de los organismos de derechos humanos.
EN ESTE AÑO EXPULSARON A NUEVE CIUDADANOS BOLIVIANOS
Si bien el gobierno argentino a través de migraciones proporcionó datos sobre la cantidad de migrantes que fueron deportados de Argentina, en ningún momento se aprecia cual o cuales fueron los motivos por el cual cada ciudadano fue expulsado. Según los datos proporcionados al medio Clarín, la mayoría de los expulsados en 2019 fueron ciudadanos de nacionalidad paraguaya (18), peruana (17), colombiana (16), boliviana (9) y uruguaya (5). En menor medida hubo brasileños, chilenos, turcos, estadounidenses, holandeses, entre otros países.
En esa suba constante de las expulsiones, la variación más marcada de un año a otro fue del 53,25 % en 2017. Justamente, después de la publicación del decreto 70/17 que endureció las restricciones para migrantes y simplificó el trámite de deportación. Una apelación para declararlo inconstitucional llegó a la Corte Suprema de la Nación, pero mientras tanto sigue vigente.
La política migratoria del Gobierno argentino disparó críticas de organismos de derechos humanos. «Buscan asociar migración con criminalidad, al menos desde la vía discursiva. Lo estamos viendo con mucha frecuencia. Tampoco hay que olvidar los decretos de Chubut y Jujuy, que busca cobrar la salud a los migrantes. Son retrocesos en una política migratoria que era considerada un modelo a nivel mundial. La Argentina generó cambios de avanzada en otros países», sostuvo Mariana Fontoura Marques, directora de Política y Justicia Internacional en Amnistía Internacional Argentina. Y agregó que la estrategia puede tener que ver con el año electoral y la «búsqueda de un chivo expiatorio afuera» en un contexto de crisis.
REUNIÓN IMPORTANTE
Este sábado en la calle San Luis, se realizó una reunión conjunta entre dirigentes sociales y abogados que en este contexto de preocupación llamaron a una reunión de urgencia para paliar la situación que viven los migrantes en Argentina y ver la posibilidad de realizar una campaña masiva de difusión y orientación hacia la población que hoy más que nunca necesita toda la atención de las personas comprometidas con la situación de nuestra gente.
«Las ultimas expulsiones ilegales dictadas por la Dirección Nacional de Migraciones con la complicidad de algunos jueces del Poder Judicial contra Vanesa Gómez y Jhonny Quiroz, expone a la Argentina ser sancionada por separar a niñas/os y adolescentes de sus padres y madres trabajadores migrantes», decía parte de la consigna para la reunión
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) fue uno de los impulsores del amparo por el que la Cámara de Apelaciones declaró inconstitucional el decreto 70/17. Y denunciaron irregularidades en las expulsiones: «La cifra viene aumentando pero, más allá de los números, el Estado está dejando de hacer la evaluación sobre las circunstancias personales y el arraigo familiar. Lo que agrava aún más esta situación. Hay personas que viven acá hace 15 o 20 años, que tienen 3 o 4 hijos argentinos y que están siendo separadas de su familia por órdenes de expulsión que no consideran estos elementos contemplados en el propio decreto y tratados internacionales», dijo Raísa Ortiz Cetra, especialista en migrantes del Equipo de Trabajo Internacional del CELS.
Según datos de Amnistía, la población migrante en la Argentina es del 5 %, mientras que la participación de extranjeros en el delito es del 6 %.
Los datos oficiales varían de acuerdo a la jurisdicción. Según el Ministerio de Seguridad bonaerense, de 246.833 imputaciones que hubo en 2018, solo 2.949 acusados fueron migrantes. La proporción es del 1,2 %.
En tanto, en las cárceles bonaerenses hay actualmente 2.208 presos de otra nacionalidad, sobre una población carcelaria de 44.066, según datos del Ministerio de Justicia. Es decir, los extranjeros representan el 5 %. Desde 2018 hasta hoy, 52 reclusos de la Provincia fueron deportados a Paraguay, Chile, Colombia y Perú. Otros 450 están en condiciones de ser deportados bajo la figura de extrañamiento.
Finalmente el diario Clarín para su artículo utilizó el caso como sobresaliente de Brian Betancor Delgado, uruguayo, lo habían expulsado del país en 2011 y le habían prohibido el ingreso por 15 años. Pero en marzo, la Policía lo encontró manejando un Volkswagen Gol en Flores. Llevaba 60 mil dólares, 500 euros y varios celulares. Y además el título «deportan a un extranjero cada 13 horas por delitos». Luego finalmente usan la imagen de un hombre esposado por la policía. Todo directamente asociado a la delincuencia.
