El artículo de Infobae también asegura que Diego Morales, abogado del CELS, dijo: «El fallo de Marinelli ya está apelado. Se apeló el lunes y también lo apeló la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y de Provincia. Esto está a estudio de la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo. En su fallo, el juez no observa las garantías que los migrantes tienen en el trámite de expulsión se hayan afectado. De nuevo, no solo se trata de una condena que no esté firme sino la existencia de cualquier antecedente, que implica un auto de procesamiento. El paraguas aquí es amplio».

Así, según el entendimiento de Morales, pueden ser expulsados de Argentina «una persona que corta una calle, que vende en la vía pública, alguien que vende comida en la vía pública. Este DNU puede incorporar cuestiones sociales, ilegalidades mínimas, como resistencia a la autoridad, etc. El Estado tiene la posibilidad de definir cuáles son los criterios de residencia, define quién se puede quedar y quién no. Pero el tema es qué garantías le das al ciudadano de origen migrante, ya que al narcotraficante y al extranjero que incurren en un delito menor le aplican la misma norma. Habla de tres días para preparar una defensa, cuando el ciudadano migrante puede estar preso en este período. Para cualquier apelación en el sistema se dan plazos de hasta un mes. El problema es cómo impacta esto en los sectores populares».

Finalmente según el argumento planteado por abogado del Cels Diego Morales, con el  Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU), llevada adelante por el gobierno de Macri, una persona de origen migrante que sea detenida por ganarse la vida vendiendo comida en la calle,(lo cual hoy es un delito menor) tendrá la misma sanción que un narcotraficante.